Con la Ley 20.500 además de espacios de participación para la ciudadanía, las municipalidades deben facilitar la expresión de las preocupaciones de los ciudadanos. Una de las formas de hacerlo es a través de las 234.502 organizaciones de la sociedad civil que existen en el país. Ignacio Irarrázaval Ll. opinión.

Junto con satisfacer las necesidades a nivel local, asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la comuna es la primera función detallada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La tarea de participación entregada a los municipios no se refi ere sólo a la posibilidad de opinar sobre las decisiones que la autoridad pública realiza, sino que apunta a una acepción más amplia, que se relaciona con compartir el bienestar social que se experimenta en los territorios. Los municipios han buscado dar cumplimiento a este objetivo de participación a través de distintas instancias en el nivel local como los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC), las ordenanzas de participación, los cabildos y audiencias públicas, las oficinas de información y reclamos, los plebiscitos comuna- les e instrumentos de gestión local como los Planes de Desarrollo Comunal. Sin perjuicio de su relevancia, se trata de mecanismos de participación que el municipio ofrece hacia la ciudadanía local.

Sin embargo, debido a la Ley 20.500 de Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, los municipios deben promover la constitución autónoma de las organizaciones de la sociedad civil en su territorio. Así, su labor implica facilitar la expresión de las preocupaciones desde los ciudadanos hacia el municipio y otras instancias superiores para canalizar el interés público. Una de sus tareas es llevar una nómina con todas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan en la comuna, la que deben traspasar al Registro Civil para mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Un estudio de Sociedad en Acción –iniciativa conjunta del Centro de Políticas Públicas UC y la Fundación Chile + Hoy– identificó que en nuestro país existen 234.502 organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones de base hasta fundaciones y asociaciones. Casi el 80% corresponde a organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales. De estas, la mayor parte se genera e interactúa en el nivel comunal. Según cifras del mismo estudio, casi un tercio tiene como actividad principal el desarrollo social y vivienda (32,1%), y otro tercio (31,6%) tiene como actividad más recurrente la cultura y la re- creación, lo que considera a los clubes deportivos amateur, de barrio y a los clubes sociales. El rol de los municipios respecto de la participación ciudadana hoy va más allá de ofrecer instancias de opinión a sus vecinos, sino que llega al punto de facilitar que las organizaciones de la sociedad civil puedan surgir desde sus territorios y que sean validadas a nivel institucional. Así lograremos un tejido social más completo, que contribuya a acercar el desarrollo a cada ciudadano. Es de esperar que esta labor tan relevante sea potenciada en todos los municipios a lo largo de Chile.