• Por Lucía Dammert, Socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda.

La principal preocupación ciudadana sigue siendo la presencia de la criminalidad o el aumento de la violencia. Más allá de los indicadores, las encuestas o los reportes policiales; la percepción de la ciudadanía latinoamericana y (Chile no es una excepción) es de inseguridad y temor.

¿Quién es el responsable de la inseguridad? Esta es una de las preguntas que los ciudadanos se repiten cotidianamente, en especial durante procesos electorales cuando el baile de la culpabilidad y  el enfrentamiento son cotidianos. Si bien las políticas de control recaen en las policías y la justicia, los municipios juegan roles cada día más relevantes en la prevención del delito.

La realidad, paradojalmente, es compleja para los alcaldes que tienen limitadas herramientas para poder coordinar con las policía desde la distribución de la dotación hasta la colaboración con los programas preventivos municipales. De hecho, para muchos alcaldes, la relación con los comisarios o encargados policiales de sus territorios es personal más que institucional. Apelando entonces a la construcción de complicidades que los llevan a colaborar y desarrollar iniciativas conjuntas.  En las comunas con mayor disponibilidad presupuestaria, la relación se afianza vía inversiones o colaboraciones financieras importantes que redundan en mejor infraestructura, vehículos policiales, entre otros. Situación inversa ocurre en las comunas con población más vulnerable y por ende menor disposición presupuestaria.

Por otro lado, el municipio juega un rol clave en las iniciativas de prevención del delito. Especialmente aquellas que permiten el desarrollo de mecanismos de participación comunitaria y utilización de los espacios públicos. La evidencia es clara, cuando un alcalde lidera una política de seguridad ciudadana integral, los resultados son positivos y de largo plazo. Pero muchas veces las políticas municipales llamadas preventivas, ante la limitación presupuestaria, terminan concentrándose en acciones situaciones como la colocación de cámaras o el mejoramiento del alumbrado público.

Después de más de dos décadas de iniciativas de prevención local, tres son los aprendizajes más relevantes. Primero, además del liderazgo individual se requiere de una verdadera transversalización de la seguridad como política municipal. Así, la lucha contra la naturalización del uso de la violencia debe estar incluida en las actividades generales de todo el municipio. Es decir, pasar de encapsular la seguridad como un programa o actividad puntual a una perspectiva de trabajo local integral. Segundo, se requieren cambios que permitan que la policía preventiva coordine presencia y acción con los encargados locales de seguridad, para generar sinergias, potenciar vinculaciones e identificar situaciones de riesgo. Tercero, la prevención situacional es importante pero no suficiente como política de seguridad. Los municipios deben fortalecer sus programas de identificación de personas en riesgo de iniciar carreras criminales (desde colegios, postas médicas y otras instancias) así como consolidar una oferta clara para quebrar aquellos procesos de involucramiento delictivo en desarrollo.

El gobierno local tiene entonces como desafío fundamental reconocer su rol y potenciar su accionar para enfrentar los factores que permiten el desarrollo de acciones criminales. Sin duda es un tema municipal, pero en el marco de acción actual solo podemos esperar acciones ocasionales, esporádicas y poco efectivas.