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Infancia: Protección de la niñez Los cambios que vienen

Infancia: Protección de la niñez Los cambios que vienen

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En las dos principales asociaciones municipales del país, el diagnóstico es transversal: los programas sociales se definen desde la centralidad, impidiendo su adaptación a las necesidades de cada territorio. Las Oficinas de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes (OPD) son instancias de atención ambulatoria local que ejercen acciones para proteger integralmente los derechos de su grupo objetivo. Además, deben contribuir a la generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y de respeto de los derechos de la infancia. Para Macarena Santelices, Alcaldesa de Olmué y Presidenta de la Comisión de Infancia y Familia de Asociación de Municipios de Chile (Amuch), no existe una mirada territorial acabada, por tanto, muchas de las directrices son centralizadas y enfocadas al cumplimiento de metas con parámetros que no diferencian la especificidad de lo local, generando brechas y desconexión del territorio. De ahí la importancia de desarrollar políticas y programas descentralizados, que potencien a los municipios en su vinculación con el programa y entreguen soluciones acordes con las necesidades de la comunidad.

“En la actualidad, las OPD poseen una estructura débil al interior de los municipios, cumplen metas, pero no poseen capacidad de resolución, y llevan meses con los mismos casos, incluso años. Por otro lado, al ser dependientes de otras direcciones (principalmente DIDECO), no cuentan con la independencia necesaria para realizar sus actividades. La dotación de autonomía es fundamental para la eficiencia y eficacia”, explica la alcaldesa.

Similar análisis hace Paula Retamal, alcaldesa de Parral y presidenta de la Comisión de Infancia de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quien señala que “Lamentablemente, no se ha analizado cuán efectivos son y el provecho que podemos sacar para la comunidad”, apunta.

Modificaciones

El eje de cualquier modificación a las OPD debe ser –coinciden las jefas comunales- considerando las características de cada territorio. “La propuesta del Acuerdo Nacional es potenciar la creación de instancias locales con dedicación exclusiva en el ámbito de la niñez local. La reformulación de las OPD es necesaria y una oportunidad de mejora de los servicios del Estado hacia la niñez”, asevera Santelices. Igualmente, la alcaldesa Retamal asegura que “el trabajo comunitario e involucrar más a la familia dará mejores resultados”. Según la presidenta de la Comisión de Infancia de la Amuch, la continuidad de las OPD no está en juego. “El Acuerdo Nacional por la Infancia es claro en señalar en el punto 12 que ‘la creación de estas oficinas se realizará de manera progresiva, partiendo por la reformulación con convenios de transferencias, sujetos a estándares dictados por la Subsecretaría de la Niñez y supervisión por parte de la misma, manteniendo su vínculo con el municipio”, permitiendo una descentralización ajustada al territorio en que se desenvuelve.

Promover espacios formales de participación al interior del municipio, que incluyan la opinión de los niños, niñas y adolescentes, podría ser útil en este camino. Tanto como podría ayudar rescatar la experiencia que tienen las OPD dependientes de ONG o fundaciones. Igualmente, las autoridades comunales consideran relevante el trabajo con los Tribunales de Familia que, al recibir casos más complejos, derivan a centros de mediana o mayor complejidad, donde no siempre hay cupos. Un tercer aspecto a perfeccionar es la situación contractual de quienes prestan servicios tanto en las OPD como en otros programas sociales, ya que la mayoría de los funcionarios trabaja a honorarios.

Visión gubernamental

Desde la subsecretaría de la Niñez, Carol Bown, explica que la reformulación que plantea La Moneda busca lograr una protección más eficaz y preventiva que permita llegar antes de que se produzcan las vulneraciones. Se trata de un cambio de paradigma, pues el niño deja de ser visto como beneficiario del Estado para convertirse en sujeto de derechos. “Todo lo anterior conlleva un sistema mucho más territorial”, explica la Subsecretaria. Una vez aprobados el Servicio de Protección a la Niñez y la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez existirán dos dispositivos relacionados con la infancia en los territorios, pues la Ley de Garantías incorpora una bajada territorial: las Oficinas Locales de Niñez, cuyas funciones serán de participación; promoción; sistema de alerta y respuesta preventiva; articulación de la oferta y derivación; seguimiento y monitoreo de los niños, niñas y adolescentes.

“Las OPD, en tanto, se conformarán como un programa ambulatorio de protección general, que permitirá entregar una oferta más especializada a los niños y niñas que han sido vulnerados en el mismo territorio donde viven. La derivación entre ambos dispositivos será fluida, sin embargo solo la OPD podrá recibir derivaciones desde los Tribunales de Familia”, precisa Bown. Este despliegue territorial tendrá cobertura comunal y estará financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Niñez. Para el periodo 2019-2020, se implementarán programas piloto en 12 comunas y, luego de su evaluación, se incorporarán aprendizajes y cambios para su expansión a todo el país.

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