Gustavo Paulsen, Director ChileLocal

Las pasadas elecciones remecieron al ya estresado panorama político nacional con importantes señales de cambio. No obstante, a nuestro juicio, no se ha puesto suficiente énfasis en algunos aspectos del resultado de las elecciones municipales, los cuales pueden proveernos de lecciones para analizar la situación política coyuntural, pero también, sobre los cambios estructurales que nuestro país requiere en el mediano y largo plazo.

Por de pronto, la elección de alcaldes es la única en la que, a pesar de elegirse una autoridad unipersonal y con responsabilidades de gobierno, no existe segunda vuelta. Cuestión que, solo puede explicarse por la falta de interés del legislador en empoderar y legitimar a las autoridades locales, desgano que viene a reflejar la postergación histórica, cultural y legislativa que sufren nuestros municipios.

El resultado de esta anomalía es que una minoría de municipios serán conducidos por alcaldes que obtuvieron más del 50% de los votos. De los 345 municipios de Chile, solo 140, es decir poco más del 40% tuvieron un candidato o candidata que ganó con mayoría absoluta. En la mayor parte de las comunas, se ejercerá el gobierno local con mayoría relativa. Hay un municipio, Putaendo, en que su alcalde fue elegido con el 19% de los votos; una buena parte de alcaldes electos apenas si se empinaron sobre el 20% y, la mayoría se mueve entre el 30 y 40 %.

A estas alturas del desarrollo democrático de nuestro país esto es inadmisible, más todavía si esta falta de preocupación institucional afecta a los representantes del Estado más cercanos a la gente. Solo miremos el ejemplo de San Ramón, hoy tan en boga, y podremos apreciar cómo un sector suficientemente organizado y decidido, aunque no sea mayoría, puede hacerse de un municipio aprovechando los efectos de la dispersión de sus adversarios, eventualmente alentados por esa misma minoría astuta y determinada. Hasta antes de la nueva votación ordenada por la justicia electoral, el alcalde de esta comuna se alzaba como ganador con menos del 24 % de los votos.

En el debate sobre cuál será el contenido de nuestra nueva carta fundamental, existe cierto consenso en torno a que, entre otras materias, debe haber un tratamiento relevante acerca de la descentralización del país. Algo que se extienda más allá de lo que la actual Constitución denomina “Gobierno y Administración Interior del Estado”, un esfuerzo por generar una institucionalidad que permita terminar con las inequidades territoriales, que promueva y potencie las identidades locales, integrando a todos los territorios -de manera justa- a los procesos de desarrollo nacional.

El constituyente, debe tener en cuenta que las estructuras de gobierno local, además de su proximidad con la población, son suficientemente flexibles y dúctiles como para adaptarse a los problemas y necesidades de las personas y comunidades. En los gobiernos subnacionales, las políticas públicas, en especial las de carácter social, pueden ser mucho más eficaces y abordar de manera más integral a sus grupos objetivo. Además, cualquier estructura orgánica, en este caso la que nos daremos como país, debe propender a la distribución y control reciproco del poder político entre las instituciones del Estado, resultando esencial que, nuestra futura carta fundamental, fortalezca suficientemente a las estructuras políticas que integran y representan nuestros territorios.