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Descentralización e inequidad

Descentralización e inequidad

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Chile es un país con bajo gasto público en relación al PIB; y, además, la descentralización, medida como porcentaje del gasto público que es ejecutado por vía subnacional, es también de las más bajas del mundo (ver sección “Dato Duro”). Esto significa que somos el país de la OCDE que menos gasta en sus gobiernos subnacionales y, lo que es más grave, que las decisiones presupuestarias más relevantes solo se toman entre muy pocos, que las instituciones más cercanas a la gente casi no tienen voz en esta materia y que las particularidades de los territorios solo se visibilizan desde una perspectiva vertical, de arriba hacia abajo. Puesto así, el tema de la descentralización resulta ser central en nuestro sistema democrático.

El país necesita integrarse en muchos aspectos, disminuir brechas y avanzar hacia la igualdad social y cultural. Estar unidos con propósitos comunes, debiese ser una enorme prioridad para nuestros gobiernos, pues solo así podremos enfrentar los grandes desafíos nacionales en conjunto, independiente de las posiciones políticas de cada cual. La pobreza, las desigualdades en educación y salud, la creciente inseguridad ciudadana, el mejoramiento de la competitividad y la productividad, en fin… las múltiples problemáticas que aún tenemos como país, requieren acuerdos profundos. Por todo lo anterior, descentralizar no es solo una forma eficiente de administrar recursos y, hasta el momento, una metodología insuperada para el diseño y ejecución de buenas políticas sociales; la descentralización es, entre otros, un mecanismo esencial para generar identidad y sentido a nuestra sociedad.

Por mucho que Chile haya progresado en múltiples aspectos en los últimos 30 años, en el tema de las inequidades territoriales estamos igual o peor que en el siglo XIX. La sensación de abandono e impotencia de ciertos territorios, la incapacidad operativa de otros, la pérdida de oportunidades de desarrollo, etc., son expresiones de esta forma ineficiente en que distribuimos las potestades decisoras.

Las leyes que crean Gobiernos Regionales autónomos de verdad, bajo la dirección de una autoridad electa, y las competencias que se pretenden traspasar desde el centro a estos nuevos entes, son sin duda un avance; pero todavía aparecen como un esfuerzo tímido frente a la magnitud del déficit que tenemos en esta materia.

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